Exposición de motivos a Ley de Obj. Conciencia(versión final)

Asunción, 16 de diciembre de 2008.-

Señor

Don Enrique González Quintana

Honorable Cámara de Senadores

Presente

Tengo el honor de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los señores Senadores de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Ley “QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO SUSTITUTIVO AL MISMO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CIVIL”, que adjunto a la presente, con la siguiente exposición de motivos:

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN PARAGUAY.

El Servicio Militar Obligatorio (SMO), se encuentra consagrado en el artículo 129 y concordantes de la Constitución Nacional vigente, y sus condiciones se encuentran reguladas en la Ley 569/75 “Del Servicio Militar Obligatorio”, que dispone que todos los paraguayos varones desde los 18 años están obligados a prestar el mismo durante el plazo de un año, salvo que sean exonerados por algunas de las causales previstas en la ley.

Si bien la legislación establece como edad mínima los 18 años para prestar el SMO, en la práctica, el reclutamiento se lleva a cabo por debajo de la edad mínima, inclusive en niños de 14 años, lo que dificulta establecer un rango preciso de la población afectada por el SMO.

ANTECEDENTES DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN PARAGUAY

Existe, como antecedente de reconocimiento de la objeción de conciencia, una exoneración especial del SMO que se concedió a las comunidades mennonitas del Chaco paraguayo. En efecto, en la década de los años 20, debido a las tensiones diplomáticas entre Paraguay y Bolivia a raíz de la falta de delimitación territorial del Chaco, que finalmente desembocaron en la guerra de 1932/35, del Gobierno paraguayo implementó la política de ocupar el desértico territorio del Chaco con poblaciones civiles permanentes y apoyar su desarrollo económico, de manera a consolidar la posesión en el suelo en disputa. Por ello se decidió la sanción de la Ley N 514 de 26 de julio de 1921, que acuerda derechos y privilegios a los miembros de la comunidad menonita y sus descendientes, que llegaren al país formando parte de una empresa de colonización.

Esta Ley, además de otorgar franquicias aduaneras y fiscales, establecía garantías para el ejercicio del culto y la educación religiosa, otorgando una exoneración especial del SMO, en tiempo de paz y de guerra, como combatiente e integrante de los servicios auxiliares del ejército. Posteriormente, los privilegios y concesiones de esta Ley se extendieron mediante la Ley N 914 de agosto de 1927 a toda comunidad no combatiente y sus descendientes, religiosa o no, americana o europea, que se estableciese en el Chaco.

Este antecedente es el único reconocimiento legal que existe de exoneración del SMO para una comunidad en atención a sus creencias religiosas, aunque no implicó nunca un reconocimiento ni tácito ni expreso del concepto de objeción de conciencia, así como tampoco obedeció a una genuina voluntad del Gobierno paraguayo de tolerar un credo religioso específico. ¹

RAZONES PARA REGLAMENTAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECER UN SERVICIO CIVIL SUSTITUTIVO

En oportunidad de ser miembro de la Convención Nacional Constituyente, electo por el pueblo paraguayo para la redacción de la Constitución Nacional de 1992 fui partícipe en la redacción del artículo 129 actualmente vigente de la Constitución Nacional, proponiendo la declaración de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 de nuestra Carta magna, con el ánimo de lograr equiparar el derecho a ser “objetor de conciencia” de todos los paraguayos, en atención a que, como lo mencioné más arriba, éste derecho era gozado únicamente por las comunidades mennonitas del Chaco.

Pero esa ha sido una tarea inconclusa siguiente a la redacción de la Constitución, pues nunca se ha reglamentado por Ley de la República el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y, menos aún, se ha avanzado a establecer un servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil a través de centros asistenciales y bajo jurisdicción civil, como lo dice el texto constitucional

Con ese mismo espíritu que tuviera cuando fui Convencional Constituyente al proponer y lograr la aprobación de esa norma que igualaba a todos los paraguayos ante el servicio militar obligatorio y el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, creo ahora, como legislador nacional, que es mi deber de velar por el fiel cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, proponiendo la reglamentación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia para lograr el cumplimiento efectivo de los preceptos constitucionales y que los paraguayos, de una vez por todas luego de más de años de espera, puedan gozar plenamente de este derecho trascendental, pues si bien es importante instruirse para la defensa de la patria en tiempos de guerra, es aún más relevante trabajar y aportar esfuerzos con el objeto de lograr el desarrollo sostenible de nuestro país en sus diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos, educativos, siendo ésta la única manera de defender indudablemente la soberanía e independencia del Paraguay, dotándole a nuestro querido país de autonomía e independencia de criterios. Esto queremos lograr con el servicio sustitutivo que planteamos.

Si bien el derecho a ejercer la objeción de conciencia se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna conforme lo he referido con precedencia² y reconocida implícitamente en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fueron firmados y ratificados por nuestro país, y que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, tenemos que ser concientes de que no se podrá ejercer efectivamente el derecho a la objeción de conciencia hasta que no sea sancionada una ley que reglamente su ejercicio, dando validez a otras opciones de servicio a la comunidad basada en el respeto a los derechos humanos, en el desarrollo cultural, la integración social y el fortalecimiento de nuestra democracia.

Durante la XLIII Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se aprobó la Resolución L 73 de 10 de marzo 1987 por la que se hace un llamamiento a los estados para que "reconozcan que la objeción de conciencia sea considerada como un ejercicio legítimo del derecho de libertad de conciencia, pensamiento y religión, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

En el mismo sentido se dieron las Resoluciones 1989/59 de 8 de marzo de 1989, 1993/84 de 10 de marzo de 1993 y 1995/83 de 8 de marzo de 1995 (aprobada por unanimidad) de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comentario General N 22 (48) sobre el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Reglamentar el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio evitará legalmente que se sigan imponiendo sanciones administrativas que lleven a la virtual muerte civil a los que se niegue a cumplir el servicio militar, llamado por la Ley “infractores”. El Art. 64 de la Ley 569/75 establece: “Los infractores comprendidos en la edad de diez y ocho años a veinte y seis años de edad, serán penados con seis meses de recargo de Servicio, el cual cumplirán después de terminado el que le correspondiere. Antes de cumplir esta pena no podrán obtener títulos profesionales ni ejercer el derecho del sufragio”.

Sabemos que la verdadera y más eficaz herramienta defensiva de un país es el reconocimiento como nación respetuosa de los derechos humanos y la legislación internacional. Por esta razón, llamamos a toda la ciudadanía, en este caso representada por sus legisladores, a demandar el reconocimiento efectivo de este derecho humano, en el que finalmente reside el respeto a los juicios morales que cada persona hace de sus acciones, sancionando una norma tan necesaria para nuestra legislación que hace años necesita incorporar una reglamentación efectiva al artículo 129 de la Constitución vigente.

Asimismo, nuestro país necesita imperiosamente el establecimiento del servicio civil sustitutivo al servicio militar obligatorio para beneficio directo de la población civil tan cadenciada que lastimosamente tiene el Paraguay en un alto porcentaje. Con esto tendremos mayor eficiencia a través de recursos humanos jóvenes y deseosos de servir a la patria, a la que no pueden servir con el servicio militar obligatoria por razones de conciencia fundadas en la ley suprema de la Nación, pero a la que servirán, desde la promulgación de esta norma, en centros asistenciales bajo jurisdicción civil.

PROPUESTA LEGISLATIVA QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO SUSTITUTIVO AL MISMO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CIVIL

Señor Presidente, por lo expresado con anterioridad, ofrecemos un proyecto de ley que tiene por objeto reglamentar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio, estableciendo el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 37 y 129 de la Constitución Nacional, y cimentados en el derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y religión expresados en los Instrumentos Internacionales pre-citados.

Los jóvenes que se nieguen a prestar el servicio militar obligatorio alegando su objeción de conciencia por razones éticas o religiosas, tendrán la posibilidad de realizar servicios sociales de carácter sustitutivo en busca de contribuir al desarrollo del país, impulsando las mejoras en los diversos escenarios como salud, alfabetización, medio ambiente, entre otros.

Para el correcto cumplimiento del servicio sustitutivo por parte del objetor de conciencia, el proyecto de ley establece taxativamente cuáles serán sus deberes y derechos, así como las sanciones pertinentes ocasionadas por el incumplimiento del mismo.

El proyecto de ley crea un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, como órgano de aplicación de la Ley, que será presidido por el Defensor del Pueblo e integrado por Decreto del Poder Ejecutivo, sus miembros durarán cinco años en sus funciones, no percibirán remuneración alguna en tal carácter, y gozarán de atribuciones y funciones establecidas en la ley.

Es importante mencionar que el proyecto de ley propone que los objetores de conciencia que estén cursando estudios en instituciones de enseñanza militar o policial, escuelas agrícolas, técnicas o vocacionales nacionales, cuyos programas incluyan instrucción militar, presten servicio en la misma institución, en los horarios que ésta señale, siéndole así reconocido el servicio sustitutivo como cumplido.

El servicio sustitutivo que regula el proyecto de ley es de naturaleza civil, no combatiente, ni punitiva, que se presta en beneficio del interés público, sin remuneración alguna, por un periodo igual al establecido en la ley para el servicio militar obligatorio, contado a partir del primer día de prestación del servicio sustitutivo asignado.

El proyecto de ley establece también en forma clara y precisa cuales serán las condiciones que deberán reunir las entidades en la que prestarán servicio los objetores de conciencia, así como el carácter de los centros asistenciales establecidos para la prestación del mismo.

Una vez cumplido el servicio sustitutivo, el proyecto propone la entrega de un certificado al objetor por parte del órgano de aplicación de esta ley, para que éste, mediante dicho certificado sea excluido de los registros de reclutamiento y movilización para el servicio militar de la Fuerzas Armadas de la Nación, así como desvinculado de las obligaciones, deberes y disposiciones en general, establecidas en la Ley Nº 569/75 “Del Servicio Militar Obligatorio”.

Es dable mencionar que este derecho es ejercido actualmente en muchos países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bélgica, Austria, Hungría, Polonia y Estados Unidos y, con su adecuada reglamentación normativa será de mucha utilidad para la República del Paraguay, la cual contará con un nuevo servicio a la patria, esta vez de carácter civil y obligatorio, que beneficiará decisivamente a la población paraguaya tanto urbana, como rural.

En la seguridad de que el Señor Presidente, arbitrará las gestiones necesarias para la aprobación de este proyecto, hago propicia la ocasión para saludarlo con la consideración más distinguida.

HUGO ESTEBAN ESTIGARRIBIA GUTIÉRREZ

Senador de la Nación

Proyecto de ley O.C. (Revisión final con final)

Ley N°….

“QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO SUSTITUTIVO AL MISMO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CIVIL”

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Queda reglamentado el artículo 129 de la Constitución Nacional en lo referente al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio, y se establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil para los objetores de conciencia.

Artículo 2°.- Objetor de conciencia es aquel ciudadano que, hallándose obligado a prestar el servicio militar obligatorio, se niega a hacerlo alegando razones éticas o religiosas, declarando su objeción de conciencia al mismo ante la institución fijada en la presente ley y siendo declarado como tal por la misma, a los efectos previstos en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes.

Artículo 3°.- La declaración de objeción de conciencia suspenderá el enrolamiento del declarante a las Fuerzas Armadas para hacer el servicio militar obligatorio y, en su caso, su prestación, estando exento, el objetor de conciencia, de su cumplimiento a partir del momento de ser aceptada tal Declaración como válida por la institución designada, y quedando el mismo obligado, a partir de ese momento, a prestar servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, en los centros asistenciales designados en esta norma, bajo jurisdicción civil.

Artículo 4°.- La declaración de objeción de conciencia al servicio militar deberá ser formulada por el objetor, a más tardar, dentro de los veinte días siguientes al que correspondería que fuere enrolado por las Fuerzas Armadas para prestar tal servicio. Tal declaración se hará en forma escrita, y dirigida al Defensor del Pueblo en territorio nacional o, para los ciudadanos que se encontraren fuera del país, ante los representantes consulares nacionales en el extranjero, quienes deberán remitir la misma dentro del término de quince días siguientes al de la Declaración, por la vía administrativa nacional que fuere pertinente, a la Defensoría del Pueblo.

Artículo 5°.- La Declaración de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio deberá contener:

1. Los datos personales del objetor;
2. Las razones éticas o religiosas que la originan;
3. El lugar donde el objetor desea prestar el servicio en beneficio de la población civil.
4. La firma del objetor, debidamente constatada como tal al momento de la recepción de la Declaración.

Artículo 6º.- El Defensor del Pueblo se encargará de recibir las solicitudes y de someterlas, sin más trámite, a la consideración del organismo de aplicación de la presente ley. Recibido el escrito de declaración de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, esa institución comunicará a las Fuerzas Armadas de la Nación la declaración formulada dentro del plazo de cinco días y, en su caso, la condición de objetor de conciencia al servicio militar obligatorio de quien lo declare dentro del plazo previsto en esta ley, a los efectos pertinentes en la legislación vigente.

Artículo 7°.- Créase como órgano de aplicación de la presente Ley, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, con sede en el local de la Defensoría del Pueblo, cuyos miembros durarán cinco años en sus funciones y no percibirán remuneración alguna en tal carácter. Este organismo se integrará, por Decreto del Poder Ejecutivo, de la siguiente forma:

1. el Defensor del Pueblo, quien lo presidirá;
2. el Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores o un miembro de la misma designado por ésta;
3. el Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados o un miembro de la misma designado por ésta;
4. un representante del Ministerio de Defensa Nacional designado por el respectivo Ministro;
5. un representante del Ministerio Público designado por el Fiscal General del Estado.

Esta institución deberá también elegir de su seno a un Vicepresidente y a un Secretario, quienes cumplirán funciones durante su tiempo de mandato.

Artículo 8°.- El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, tendrá las siguientes funciones:

1. recibir las declaraciones de los objetores, comunicarlas a las Fuerzas Armadas de la Nación, considerarlas y expedir constancias de su presentación a los mismos si estos lo solicitaren;
2. declarar válida, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio formulada por el declarante y considerarlo como objetor de conciencia al mismo dentro del plazo de diez días de la declaración formulada;
3. comunicar, a las Fuerzas Armadas de la Nación, la condición de objetor de conciencia al servicio militar obligatorio de quién lo declare válidamente dentro del término de quince días de recibirla, a los efectos que fueren legalmente pertinentes;
4. determinar el lugar y condiciones de cumplimiento del servicio civil sustitutivo a ser prestado por el objetor, dentro de un plazo de treinta días, contados a partir de la recepción de la Declaración respectiva por el Defensor del Pueblo y notificar al Objetor dentro del término de cinco días;
5. recabar informes, formular solicitudes y hacer acuerdos con instituciones públicas o privadas para la prestación del servicio civil sustitutivo por los objetores de conciencia, en los términos de esta ley, y relacionarse con las mismas;
6. ejercer la superintendencia del servicio en beneficio de la población civil;
7. recibir los informes trimestrales y finales de cumplimiento del servicio civil de las instituciones en las cuales los objetores presten el servicio, registrarlos, archivarlos y comunicarlos a quienes estimare pertinente;
8. otorgar el certificado de cumplimiento, al objetor de conciencia, del servicio sustitutivo realizado en beneficio de la población civil dentro del plazo de treinta días y, en su caso, comunicarlo a otras instituciones que estimare pertinentes y;
9. otras funciones previstas en la presente ley.

Artículo 9°.- La propuesta del objetor, en cuanto al lugar donde desea prestar el servicio civil sustitutivo, no será vinculante para el organismo de aplicación, el cual podrá asignar otro lugar diferente al propuesto, atendiendo a las aptitudes físicas, intelectuales y económicas del objetor, así como a las necesidades primordiales de la sociedad y de contar con dicho servicio.

Artículo 10°.- El servicio sustitutivo al servicio militar obligatorio será de naturaleza civil, no combatiente, ni punitiva, se prestará en beneficio de la población civil, en contribución al desarrollo sustentable del país sin remuneración alguna, por un periodo igual al establecido en la legislación vigente para el servicio militar obligatorio, contado a partir del primer día de prestación del servicio sustitutivo asignado.

Artículo 11°.- Los centros asistenciales, en los que el objetor preste el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, implementarán horarios que no afecten las ocupaciones ni los estudios del objetor y elaborarán una planilla diaria donde conste la asistencia del objetor, el cumplimiento detallado del servicio y el tiempo empleado para la prestación del mismo. Estas planillas deberán ser remitidas trimestralmente al organismo de aplicación respectivo, debiendo remitir también al mismo un informe final de cumplimiento del servicio civil asignado al objetor en la institución respectiva, a los efectos previstos en esta ley.

Artículo 12°.- Los objetores de conciencia que estén cursando estudios en Instituciones de enseñanza militar o policial, escuelas agrícolas, técnicas o vocacionales nacionales, cuyos programas incluyan instrucción militar, prestarán servicio en la misma institución, en los horarios señalados por la misma, siéndole así reconocido el servicio sustitutivo como cumplido.

Artículo 13°.- Para la ejecución del servicio sustitutivo serán aplicables las disposiciones previstas en la legislación vigente en lo relativo a la duración máxima de las jornadas y a los descansos legales, cuando fueren pertinentes.

Artículo 14°.- La prestación del servicio se realizará en entidades dependientes de la Administración Pública así como en entidades no públicas que reúnan las siguientes condiciones:

1. que no tengan fines de lucro;
2. que sirvan al interés general de la sociedad, en especial de los sectores sociales más necesitados, y
3. que los favorecidos por los servicios prestados no pertenezcan en forma exclusiva a grupos o sectores políticos, religiosos o de cualquier otra índole.

Artículo 15°.- Se establecen como centros asistenciales para la prestación del servicio sustitutivo en beneficio de la población civil:

1. los centros de enseñanza públicos;
2. los hospitales y centros de salud;
3. las instituciones públicas de beneficencia, acción social y emergencia;
4. las organizaciones no gubernamentales y otras entidades públicas o privadas que el organismo de aplicación de esta ley pudiere también considerar pertinente.

Estos centros asistenciales deberán estar exclusivamente bajo jurisdicción civil, para la prestación del servicio referido.

Artículo 16°.- Las entidades designadas, informarán en la brevedad posible al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, previo pedido de este organismo, sobre las plazas disponibles y el tiempo para la admisión del objetor.

Artículo 17°.- Son deberes del objetor en cuanto a la prestación del servicio:

1. asistir puntualmente al servicio y prestarlo con la diligencia debida;
2. observar buena conducta y respeto a las normas internas de la entidad donde presta el servicio;
3. cumplir la resolución e instrucciones dada por el organismo de aplicación de esta ley y, en su caso, por los Centros asistenciales en los cuales fueren asignados a prestar el servicio sustitutivo.

Artículo 18°.- Las faltas a los deberes establecidos en el artículo anterior deberán ser comunicadas inmediatamente al organismo de aplicación de esta ley, el cual podrá sancionar al objetor con amonestación o suspensión de permisos y licencias, con comunicación a la institución en la que esté prestando servicio para su efectivo cumplimiento. La reiteración conllevará:

1. la adscripción a distinto servicio; o
2. la declaración de infractor al servicio y las consecuencias de ello, determinadas en esta ley.

El régimen disciplinario del servicio sustitutivo podrá ser reglamentado por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio. No podrán aplicarse penas no establecidas en esta ley y en otras normas concordantes.

Artículo 19°.- Cumplido totalmente el servicio sustitutivo, el objetor tendrá derecho a recibir un certificado de cumplimiento del mismo otorgado por el órgano de aplicación de esta ley, el cual, conforme a lo dispuesto en la misma, comunicará a las instituciones que correspondan tal hecho a los efectos de la eliminación de los datos del objetor de los registros de reclutamiento y movilización para el servicio militar.

Una vez obtenido el certificado mencionado, el objetor de conciencia quedará eximido de abonar cualquier tasa militar que tenga como objeto la exoneración de la obligación de realizar el Servicio Militar, y quedará desvinculado legalmente de las obligaciones, deberes y disposiciones en general, establecidas en la Ley N° 569/75 “Del Servicio Militar Obligatorio”.

Artículo 20°.- En caso de que igualmente sea convocado el objetor por las Fuerzas Armadas de la Nación para cumplir con el servicio militar, el convocado deberá ser reconocido inmediatamente como objetor de conciencia y exento de realizar tal servicio con la sola presentación del certificado de cumplimiento del servicio civil sustitutivo original, mencionado en el artículo anterior.

Artículo 21°.- El objetor de conciencia que no cumpliera correctamente el servicio, no accederá al certificado citado, pudiendo ser declarado además Infractor al servicio sustitutivo en beneficio de la población civil por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, con comunicación a las instituciones que fueren pertinentes. El objetor de conciencia que fuera declarado Infractor continuará, en consecuencia, afectado a las obligaciones del Artículo 129 de la Constitución Nacional.

Artículo 22°.- Quedan exceptuados, del servicio sustitutivo establecido por esta Ley, los ciudadanos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados o de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional, en fechas anteriores a la promulgación de esta Ley.

No será proveída válidamente, por la referida Comisión, constancia alguna a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley.

Artículo 23°.- Toda autoridad que de cualquier manera negase los efectos de la declaración de objeción de conciencia, incurrirá en abuso de autoridad.

Artículo 24°.- La Defensoría del Pueblo proveerá de su presupuesto al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio los recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Artículo 25°.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas conducentes a la inmediata conformación del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, una vez promulgada la presente ley.

DERECHO A RÉPLICA Señor Director del Diario La Nación

De mi consideración: Tengo a bien dirigirme a Usted, en ejercicio de mi derecho establecido en el último párrafo del artículo 28 de la Constitución Nacional, por haber sido afectado con una información falsa y distorsionada de declaraciones que he formulado en ejercicio de mis funciones de senador de la nación, con el objeto de manifestar cuanto sigue:

Que en el periódico bajo su dirección, de fecha miércoles 20 de mayo de 2009, en su sección Análisis, página 21, en el apartado titulado El Termómetro con foto y una flecha hacia abajo (indicando actuación incorrecta o mala) se me atribuyen declaraciones que no he realizado con respecto a un Proyecto de Ley de Descentralización que se ha tratado en la sesión extraordinaria del día martes 19 de mayo de 2009, en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. En la referida publicación, además, se me atribuye haber caído en una supuesta confusión sobre el tema Descentralización y la condición de República Unitaria; concluyendo con la frase: “El pueblo tiene derecho a exigir rigor conceptual de los legisladores”.

Al efecto de demostrar con claridad mis manifestaciones, en el tratamiento de dicho proyecto de ley, acompaño una copia de las mismas, de acuerdo con lo trascripto en el Borrador del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, texto en el cual podrá apreciar claramente que tales expresiones son totalmente diferentes, a las que me fueran adjudicadas en el periódico de su dirección y, para muestra, tengo a bien repetir un párrafo de lo allí manifestado, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional y como vicepresidente de la misma: “Estamos mocionando el rechazo, no porque no queramos la descentralización ni mucho menos, sino porque queremos, es importante esto, que el país tenga una buena descentralización. Queremos una descentralización compatible con la Constitución Nacional, con el desarrollo nacional, con la competencia del gobierno central, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales”.

Asimismo, incluso he sugerido que en caso del rechazo del proyecto y que también sucediera lo mismo en la Cámara de Diputados, se “constituya una comisión bicameral que estudie un proyecto de ley de descentralización que incorpore todos los proyectos anteriores que se hayan trabajado, ya sea nivel académico o a nivel regional o municipal; y que esa comisión trabaje, armonice intereses departamentales, municipales; que convoque a las organizaciones pertinentes, a los gobiernos departamentales, a los municipios; y tras un importante debate, aporte y armonización legislativa, tengamos un proyecto final de ley de descentralización beneficioso para el país”.

Conforme a lo referido, surge con claridad irrefutable el sentido de mis expresiones, poniendo de manifiesto que, lamentablemente, el proyecto de ley de descentralización referido apuntaba a una descentralización política del país, lo cual es incompatible con la condición unitaria del Estado paraguayo que es la forma de Estado adoptada por la Constitución Nacional. En tal sentido, quiero decirle que profundizando la discusión científica del tema, toda ley reglamentaria a la Constitución Nacional que refiera a la descentralización deberá contemplar sola y exclusivamente una descentralización burocrática y administrativa, la cual sí es compatible con la forma unitaria de nuestro Estado; pues una descentralización política es propia de un Estado Federal, la cual sería contradictoria con nuestro texto constitucional.

Considero que la afirmación que se me ha adjudicado “de haber caído en una confusión” es errónea, pues cotidianamente ejerzo la docencia sobre este tema en la cátedra universitaria; investigo y analizo a profundidad estos asuntos, sobre los cuales tuve la oportunidad de discutir en el recinto legislativo, tanto a nivel de comisiones como en la sesión plenaria; además de contar con estudios especializados, a nivel de postgrado y maestrías, tanto en el Paraguay como en los Estados Unidos de América (conforme al breve currículo que adjunto) que me han llevado a conocer a cabalidad y solvencia lo que significa descentralización, Estado Unitario y Estado Federal, como para confundir tales conceptos y, menos aún, en ejercicio de mi misión legislativa.

En síntesis, el referido proyecto de ley tiene una absoluta contradicción con la Constitución Nacional vigente en varios de sus artículos, conforme dictamen que he expuesto en su oportunidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional, y contradice los conceptos teóricos y científicos del tipo de descentralización que podrían ser aplicados a un Estado unitario. Su aprobación hubiera dado nacimiento a un proceso de descentralización dañino a los intereses del país y de sus habitantes, que preferimos evitar, buscando un futuro proyecto legislativo consensuado entre ambas Cámaras del Congreso, que se ajuste a las necesidades del país y a su normativa vigente, como es nuestra obligación, superando el atraso en que nos hallamos sumidos con este modelo de Estado centralizado ineficiente y burocrático.

El ejercicio de la función legislativa que el pueblo me ha asignado me obliga a tener responsabilidad y compromiso en el tratamiento de un tema tan importante, como lo he hecho, muy contrariamente a lo que se me imputa en la publicación referida, motivo por el cual he decidido hacer esta aclaración en honor a la verdad y a los compatriotas que han confiado en mi persona para representarlos en el Senado de la República.

Por último, coincido con la afirmación “el pueblo tiene derecho a exigir rigor conceptual a los legisladores”, pero agrego: “La prensa tiene la obligación de publicar las verdaderas afirmaciones de sus representantes para que el pueblo tenga una información adecuada y objetiva sobre las manifestaciones de sus legisladores”, derecho garantizado por el artículo 28 de la Constitución Nacional vigente, que dice en su primer párrafo: “Se reconoce el derecho a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime”, lo cual ha sido vulnerado en esta oportunidad.

Sin otro particular y esperando la difusión de la presente carta en las mismas condiciones en que ha sido divulgada la publicación referida, me pongo a su disposición para cualquier debate, entrevista o declaración que estimare pertinente el medio bajo su dirección.

Muy atentamente,

Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez
Senador de la Nación