Asunción, 16 de diciembre de 2008.-
Señor
Don Enrique González Quintana
Honorable Cámara de Senadores
Presente
Tengo el honor de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los señores Senadores de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Ley “QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO SUSTITUTIVO AL MISMO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CIVIL”, que adjunto a la presente, con la siguiente exposición de motivos:
EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN PARAGUAY.
El Servicio Militar Obligatorio (SMO), se encuentra consagrado en el artículo 129 y concordantes de la Constitución Nacional vigente, y sus condiciones se encuentran reguladas en la Ley 569/75 “Del Servicio Militar Obligatorio”, que dispone que todos los paraguayos varones desde los 18 años están obligados a prestar el mismo durante el plazo de un año, salvo que sean exonerados por algunas de las causales previstas en la ley.
Si bien la legislación establece como edad mínima los 18 años para prestar el SMO, en la práctica, el reclutamiento se lleva a cabo por debajo de la edad mínima, inclusive en niños de 14 años, lo que dificulta establecer un rango preciso de la población afectada por el SMO.
ANTECEDENTES DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN PARAGUAY
Existe, como antecedente de reconocimiento de la objeción de conciencia, una exoneración especial del SMO que se concedió a las comunidades mennonitas del Chaco paraguayo. En efecto, en la década de los años 20, debido a las tensiones diplomáticas entre Paraguay y Bolivia a raíz de la falta de delimitación territorial del Chaco, que finalmente desembocaron en la guerra de 1932/35, del Gobierno paraguayo implementó la política de ocupar el desértico territorio del Chaco con poblaciones civiles permanentes y apoyar su desarrollo económico, de manera a consolidar la posesión en el suelo en disputa. Por ello se decidió la sanción de la Ley N 514 de 26 de julio de 1921, que acuerda derechos y privilegios a los miembros de la comunidad menonita y sus descendientes, que llegaren al país formando parte de una empresa de colonización.
Esta Ley, además de otorgar franquicias aduaneras y fiscales, establecía garantías para el ejercicio del culto y la educación religiosa, otorgando una exoneración especial del SMO, en tiempo de paz y de guerra, como combatiente e integrante de los servicios auxiliares del ejército. Posteriormente, los privilegios y concesiones de esta Ley se extendieron mediante la Ley N 914 de agosto de 1927 a toda comunidad no combatiente y sus descendientes, religiosa o no, americana o europea, que se estableciese en el Chaco.
Este antecedente es el único reconocimiento legal que existe de exoneración del SMO para una comunidad en atención a sus creencias religiosas, aunque no implicó nunca un reconocimiento ni tácito ni expreso del concepto de objeción de conciencia, así como tampoco obedeció a una genuina voluntad del Gobierno paraguayo de tolerar un credo religioso específico. 1
RAZONES PARA REGLAMENTAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECER UN SERVICIO CIVIL SUSTITUTIVO
En oportunidad de ser miembro de la Convención Nacional Constituyente, electo por el pueblo paraguayo para la redacción de la Constitución Nacional de 1992 fui partícipe en la redacción del artículo 129 actualmente vigente de la Constitución Nacional, proponiendo la declaración de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 de nuestra Carta magna, con el ánimo de lograr equiparar el derecho a ser “objetor de conciencia” de todos los paraguayos, en atención a que, como lo mencioné más arriba, éste derecho era gozado únicamente por las comunidades mennonitas del Chaco.
Pero esa ha sido una tarea inconclusa siguiente a la redacción de la Constitución, pues nunca se ha reglamentado por Ley de la República el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y, menos aún, se ha avanzado a establecer un servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil a través de centros asistenciales y bajo jurisdicción civil, como lo dice el texto constitucional
Con ese mismo espíritu que tuviera cuando fui Convencional Constituyente al proponer y lograr la aprobación de esa norma que igualaba a todos los paraguayos ante el servicio militar obligatorio y el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, creo ahora, como legislador nacional, que es mi deber de velar por el fiel cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, proponiendo la reglamentación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia para lograr el cumplimiento efectivo de los preceptos constitucionales y que los paraguayos, de una vez por todas luego de más de años de espera, puedan gozar plenamente de este derecho trascendental, pues si bien es importante instruirse para la defensa de la patria en tiempos de guerra, es aún más relevante trabajar y aportar esfuerzos con el objeto de lograr el desarrollo sostenible de nuestro país en sus diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos, educativos, siendo ésta la única manera de defender indudablemente la soberanía e independencia del Paraguay, dotándole a nuestro querido país de autonomía e independencia de criterios. Esto queremos lograr con el servicio sustitutivo que planteamos.
Si bien el derecho a ejercer la objeción de conciencia se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna conforme lo he referido con precedencia2 y reconocida implícitamente en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fueron firmados y ratificados por nuestro país, y que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, tenemos que ser concientes de que no se podrá ejercer efectivamente el derecho a la objeción de conciencia hasta que no sea sancionada una ley que reglamente su ejercicio, dando validez a otras opciones de servicio a la comunidad basada en el respeto a los derechos humanos, en el desarrollo cultural, la integración social y el fortalecimiento de nuestra democracia.
Durante la XLIII Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se aprobó la Resolución L 73 de 10 de marzo 1987 por la que se hace un llamamiento a los estados para que "reconozcan que la objeción de conciencia sea considerada como un ejercicio legítimo del derecho de libertad de conciencia, pensamiento y religión, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
En el mismo sentido se dieron las Resoluciones 1989/59 de 8 de marzo de 1989, 1993/84 de 10 de marzo de 1993 y 1995/83 de 8 de marzo de 1995 (aprobada por unanimidad) de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comentario General N 22 (48) sobre el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Reglamentar el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio evitará legalmente que se sigan imponiendo sanciones administrativas que lleven a la virtual muerte civil a los que se niegue a cumplir el servicio militar, llamado por la Ley “infractores”. El Art. 64 de la Ley 569/75 establece: “Los infractores comprendidos en la edad de diez y ocho años a veinte y seis años de edad, serán penados con seis meses de recargo de Servicio, el cual cumplirán después de terminado el que le correspondiere. Antes de cumplir esta pena no podrán obtener títulos profesionales ni ejercer el derecho del sufragio”.
Sabemos que la verdadera y más eficaz herramienta defensiva de un país es el reconocimiento como nación respetuosa de los derechos humanos y la legislación internacional. Por esta razón, llamamos a toda la ciudadanía, en este caso representada por sus legisladores, a demandar el reconocimiento efectivo de este derecho humano, en el que finalmente reside el respeto a los juicios morales que cada persona hace de sus acciones, sancionando una norma tan necesaria para nuestra legislación que hace años necesita incorporar una reglamentación efectiva al artículo 129 de la Constitución vigente.
Asimismo, nuestro país necesita imperiosamente el establecimiento del servicio civil sustitutivo al servicio militar obligatorio para beneficio directo de la población civil tan cadenciada que lastimosamente tiene el Paraguay en un alto porcentaje. Con esto tendremos mayor eficiencia a través de recursos humanos jóvenes y deseosos de servir a la patria, a la que no pueden servir con el servicio militar obligatoria por razones de conciencia fundadas en la ley suprema de la Nación, pero a la que servirán, desde la promulgación de esta norma, en centros asistenciales bajo jurisdicción civil.
PROPUESTA LEGISLATIVA QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO SUSTITUTIVO AL MISMO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CIVIL
Señor Presidente, por lo expresado con anterioridad, ofrecemos un proyecto de ley que tiene por objeto reglamentar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio, estableciendo el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 37 y 129 de la Constitución Nacional, y cimentados en el derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y religión expresados en los Instrumentos Internacionales pre-citados.
Los jóvenes que se nieguen a prestar el servicio militar obligatorio alegando su objeción de conciencia por razones éticas o religiosas, tendrán la posibilidad de realizar servicios sociales de carácter sustitutivo en busca de contribuir al desarrollo del país, impulsando las mejoras en los diversos escenarios como salud, alfabetización, medio ambiente, entre otros.
Para el correcto cumplimiento del servicio sustitutivo por parte del objetor de conciencia, el proyecto de ley establece taxativamente cuáles serán sus deberes y derechos, así como las sanciones pertinentes ocasionadas por el incumplimiento del mismo.
El proyecto de ley crea un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, como órgano de aplicación de la Ley, que será presidido por el Defensor del Pueblo e integrado por Decreto del Poder Ejecutivo, sus miembros durarán cinco años en sus funciones, no percibirán remuneración alguna en tal carácter, y gozarán de atribuciones y funciones establecidas en la ley.
Es importante mencionar que el proyecto de ley propone que los objetores de conciencia que estén cursando estudios en instituciones de enseñanza militar o policial, escuelas agrícolas, técnicas o vocacionales nacionales, cuyos programas incluyan instrucción militar, presten servicio en la misma institución, en los horarios que ésta señale, siéndole así reconocido el servicio sustitutivo como cumplido.
El servicio sustitutivo que regula el proyecto de ley es de naturaleza civil, no combatiente, ni punitiva, que se presta en beneficio del interés público, sin remuneración alguna, por un periodo igual al establecido en la ley para el servicio militar obligatorio, contado a partir del primer día de prestación del servicio sustitutivo asignado.
El proyecto de ley establece también en forma clara y precisa cuales serán las condiciones que deberán reunir las entidades en la que prestarán servicio los objetores de conciencia, así como el carácter de los centros asistenciales establecidos para la prestación del mismo.
Una vez cumplido el servicio sustitutivo, el proyecto propone la entrega de un certificado al objetor por parte del órgano de aplicación de esta ley, para que éste, mediante dicho certificado sea excluido de los registros de reclutamiento y movilización para el servicio militar de la Fuerzas Armadas de la Nación, así como desvinculado de las obligaciones, deberes y disposiciones en general, establecidas en la Ley Nº 569/75 “Del Servicio Militar Obligatorio”.
Es dable mencionar que este derecho es ejercido actualmente en muchos países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bélgica, Austria, Hungría, Polonia y Estados Unidos y, con su adecuada reglamentación normativa será de mucha utilidad para la República del Paraguay, la cual contará con un nuevo servicio a la patria, esta vez de carácter civil y obligatorio, que beneficiará decisivamente a la población paraguaya tanto urbana, como rural.
En la seguridad de que el Señor Presidente, arbitrará las gestiones necesarias para la aprobación de este proyecto, hago propicia la ocasión para saludarlo con la consideración más distinguida.
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