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Por 21 votos contra 12, el Senado rechazó ayer el proyecto de ley que regula el financiamiento de los partidos políticos. Solo Alfredo Jaeggli (PLRA) argumentó el rechazo, pero la mayoría votó en contra. Hubo 12 ausentes. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, que lo había aprobado.
El proyecto de ley que regula el financiamiento político tenía dictámenes a favor de la aprobación, con modificaciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Legislación, y por el rechazo, de la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Los senadores Marcelo Duarte (PQ), presidente de la comisión de Legislación, y Hugo Estigarribia (ANR), integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales, fundamentaron largamente los motivos por los cuales sus comisiones recomendaban la aprobación.
En tanto, por el rechazo, el senador Alfredo Jaeggli, de la comisión de Hacienda, hizo una breve exposición, en la que sostuvo que el proyecto pretendía “asfixiar” a los partidos políticos y les iba a dificultar su funcionamiento interno, ya que iban a tener que informar de todos sus movimientos. Consideró que era de un excesivo reglamentarismo.
Ningún otro senador abogó en contra, pero a la hora de votar hubo una amplia mayoría por el rechazo, especialmente de las bancadas de Unace, el Partido Colorado y el PLRA.
El senador Duarte planteó algunas modificaciones de forma para precisar el proyecto venido de la Cámara de Diputados, mientras que el senador Estigarribia proponía numerosos cambios, con un proyecto mucho más abarcador y ambicioso, que llegaba inclusive a que los partidos deberían identificar a todos sus aportantes.
El proyecto original que aprobaron los diputados establece un tope máximo de gastos electorales que puede efectuar cada partido, movimiento político o alianza en las campañas electorales nacionales y que es el equivalente del 20% del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar.
Duarte señaló que a pesar de ser el proyecto de Estigarribia más completo, era más práctico aprobar el proyecto de Diputados con modificaciones para que sea al menos un inicio para establecer algún control, que actualmente no existe y que contribuye a la mala imagen de los políticos.
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