Senador afirma que militares no deben ocupar cargos civiles

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“Los militares no pueden ocupar cargos civiles”, afirmó ayer el senador colorado Hugo Estigarribia, consultado sobre la presencia de varios miembros activos de las Fuerzas Armadas en puestos de la administración pública, como en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Señaló que si existen permisos o comisionamientos ordenados por el comandante de las Fuerzas Militares, Gral. de Ejér. Felipe Melgarejo, o el presidente Lugo en su calidad de Comandante en Jefe, deben ajustarse a las normas. Además, consideró que la función que desempeñe el militar comisionado tiene que estar relacionada a roles propios de las Fuerzas Armadas.En el MOPC, el mayor de Justicia Militar (JM) Gustavo Dávalos es secretario general; el Tcnel. de JM José Domingo Durán, asesor jurídico, y el capitán (marino) Mario Isidoro Sanabria, jefe de gabinete. Hay otros militares de Justicia Militar en algunas asesorías de dependencias administrativas. En la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa fue creado recientemente el cargo de “jefe de operaciones” para entregárselo al Cnel. Rufino Álvarez Montanía.El senador Estigarribia manifestó que esperaba que los comisionamientos se hayan hecho con todas las formalidades porque de lo contrario se estaría cometiendo una ilegalidad y se pondría en peligro la carrera de varios oficiales.En las Fuerzas Militares aseguraron días atrás que los uniformados que ocupan cargos actualmente en la administración pública fueron comisionados conforme a la Ley 1115 del Estatuto del Personal Militar.Estigarribia, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa y Fuerza Pública del Senado, también argumentó que los militares responden a una institución no deliberante y verticalista, por lo que no corresponde que cumplan funciones del ámbito civil. “La esfera civil y la castrense están claramente delimitadas, y creo que es peligroso para las instituciones este tipo de prácticas. Además, el Estado invirtió para que los oficiales militares, ya sean egresados del Colegio Militar o profesionales incorporados, para cumplir con una función militar”, expresó el parlamentario opositor.Según datos, la orden general 143, del 16 de diciembre de 2004, vigente, dispone que los auditores de guerra, asesores jurídicos, integrantes de la auditoría general de guerra “desempeñarán funciones para los cuales fueron incorporados y no podrán recibir comisiones incompatibles con el cargo que desempeña de conformidad al artículo 5 de la Ley 840/80, Orgánica de los Tribunales Militares”. Este artículo dice “los miembros de los tribunales militares no podrán recibir comisiones incompatibles con el cargo y rango que desempeñan”.

Anoche compartí una hermosa reunión en la casa de la Familia Irrazabal, en la jurisdicción de la Seccional 5 (Perú y Artigas). Estamos conformando los equipos de trabajo de nuestro movimiento Renovación Republicana. Gracias por el cálido recibimiento!

Debatirán sobre crisis en la Justicia

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Un debate libre sobre la crisis entre la Corte Suprema y el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados se realizará en la próxima sesió n del
Senado, según decidieron ayer la mesa directiva y los líderes de bancada
de esa cámara.

Al término de la reunión de mesa directiva y líderes de bancada del
Senado, ayer, el senador colorado Hugo Estigarribia indicó que planteará
en la próxima sesión que se declare “debate libre” sobre la
controversia existente entre la Corte Suprema y el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados.La figura del “debate libre”
implica que el pleno puede debatir sin límite de tiempo sobre un tema
sobre el cual posteriormente se puede adoptar una postura en forma de
declaración o resolución.El motivo de este debate que se tendrá
el jueves en el Senado es la polémica pública entre el presidente del
Senado Jorge Oviedo Matto (quien también es el representante de la
cámara en el Jurado) y el presidente de la Corte, Víctor Núñez, en torno
a la destitución de magistrados.Núñez, en su calidad de presidente
del máximo tribunal, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra
la atribución del Jurado de actuar de oficio y destituir a magistrados
por mal desempeño de funciones.Esto motivó la reacción de Oviedo Matto, que acusó a la Corte de querer proteger a “magistrados amigos”.El
senador Estigarribia dijo que pedirán a los representantes de la cámara
ante el Jurado, Oviedo Matto (Unace) y Miguel Ángel González Erico
(PLRA), que brinden un informe sobre la situación que se está dando
entre la Corte y el Jurado.Igualmente, evaluarán cuál ha sido el
comportamiento de la Corte en cuanto a las destituciones definidas por
el Jurado de Enjuiciamiento.Ya hubo posturas encontradas entre senadoresEl
tema ya motivó también posturas encontradas entre senadores. Miguel
Carrizosa, líder de bancada de PQ expresó sus dudas de que este
enfrentamiento esté impulsado por cuestiones políticas y por el deseo de
Unace de tener un “cupo”, en la Corte, algo que han reconocido
públicamente.Estigarribia indicó que existen fuertes
cuestionamientos de la ciudadanía a la labor del Poder Judicial y que,
como representantes de ella, deben al menos tratar este tema.En
el mismo sentido, Juan Darío Monges dijo que la Justicia tiene muchas
críticas en nuestro país. Apuntó que analizarán el jueves este tema para
ver si amerita una postura del Senado.

Fin de semana de reuniones en el Departamento Central. Conformando comandos de nuestro Movimiento Renovación Republicana. Feliz fin de semana para todos y todas!

Senado aprueba por amplia mayoría ley que castiga venta de derecheras

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Por amplia mayoría, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley
que castiga con prisión de dos a cinco años a los beneficiarios de la
reforma agraria que vendan sus derecheras. También se castiga a quienes
adquieren las tierras, los intermediarios y los funcionarios del Estado
que faciliten o fragüen los documentos. El proyecto se remite ahora a
la Cámara de Diputados para su estudio.

El texto aprobado de la ley tuvo modificaciones de forma respecto al
proyecto original, pero la principal modificación fue la de reducir la
pena prevista para el poseedor, ocupante, solicitante o adjudicatario de
lotes agrícolas, ganaderos o fracciones fiscales destinadas a la
reforma agraria, que por sí o valiéndose de otro transfiera a un tercero
sus derechos y acciones en contravención a las restricciones previstas
en el estatuto agrario. La propuesta original era pena privativa de
libertad de cuatro a ocho años y se redujo a dos o cinco años.La
normativa, que ahora debe ser analizada en la Cámara de Diputados,
prevé también el mismo castigo para el que adquiera derechos y acciones
de algún inmueble en contravención del estatuto agrario. La adquisición
será nula de pleno derecho y el adquiriente perderá también derechos
sobre las mejoras adquiridas o introducidas.Igualmente castiga
con pena de dos a cinco años al que con el fin de obtener un beneficio
patrimonial indebido induzca a otro a la compra o venta de lotes
agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria, en
contravención de las restricciones establecidas en el estatuto agrario.Finalmente,
el proyecto de ley prevé la misma cantidad de años de cárcel para el
funcionario público que extienda documentos pretendiendo validar la
transferencia de los lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a
la reforma agraria. En este último caso, también será castigada la
tentativa.Argumentaron a favor de la aprobación el liberal
Miguel Abdón Saguier, presidente de la comisión de Asuntos
Constitucionales, y Marcelo Duarte, presidente de la comisión de
Legislación. Saguier destacó que la prohibición de enajenar propiedades
del Estado sujetas a la reforma agraria ya figura en el estatuto
agrario, pero no establece penas para su incumplimiento, por lo que la
ley aprobada ayer viene a llenar un vacío legal.Destacó además
que los beneficiarios de tierras del Estado tienen una serie de
obligaciones, también establecidas en el estatuto agrario.Pidieron postergarEl
senador colorado Hugo Estigarribia planteó al inicio del estudio del
proyecto de ley la postergación por una semana, señalando que quería
introducir algunas modificaciones.Por su parte, el senador
liberal Alfredo Jaeggli planteó la postergación por tiempo indefinido,
señalando que las comisiones no consultaron a sectores involucrados y
afectados por la ley, entre las que mencionó la Federación Nacional
Campesina y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(Indert). Sin embargo, la propuesta perdió por amplia mayoría. Varios
senadores, entre Silvio Ovelar (ANR), alegaron que ya se postergó el
tratamiento el año pasado y hubo mucho tiempo para su estudio en
comisiones.Solamente cinco en contraLa
votación sobre el proyecto de ley que castiga la venta de “derecheras”
fue a mano alzada, por lo cual no quedó registrado con precisión quiénes
estuvieron a favor y quiénes en contra. Sin embargo, pudo notarse que,
además del liberal Alfredo Jaeggli, tampoco votaron a favor de la
normativa los colorados Gregorio Areco (quien argumentó en contra) y
Hugo Estigarribia (quien planteó la vuelta a comisión). Igualmente, no
acompañaron el proyecto los oficialistas Sixto Pereira (Tekojoja) y
Samuel García (PPS). Tras confirmarse la aprobación, Jaeggli se puso de
pie e increpó a viva voz a sus colegas, se tomó con su par Luis Wagner y
luego se retiró de la sala de sesiones.Esta ley no tendrá virtualidad, afirmanEl
senador liberal Alfredo Jaeggli, quien desde un principio se opuso
férreamente a la aprobación de la ley que castiga con cárcel la venta de
“derecheras”, dijo que aunque la ley sea finalmente sancionada, no
tendrá ninguna virtualidad. Afirmó que ningún campesino irá preso por
incumplir esta normativa, ya que será imposible probarlo. Consideró que
para lo único que servirá es para que algunos funcionarios puedan
“coimear” a los agricultores, con la amenaza de denunciarlos.Sobre
su abrupto retiro de la sala de sesiones, dijo que no valía la pena
quedarse, porque ni siquiera le iban a permitir hablar, ya que se aprobó
muy pronto el cierre del debate.Jaeggli sostuvo que era “una
barbaridad” que se lleve preso cinco años a alguien por vender sus
tierras, como si fuera un violador o un peligroso delincuente.Apuntó que, más allá de la pena establecida, lo preocupante es la filosofía del proyecto que tiene un criterio autoritario.Señaló
además que los parlamentarios paraguayos tienen una grave confusión, ya
que creen que deben defender al Estado cuando en realidad deben
defender a las personas del abuso del Estado.Jaeggli expresó que
tenía escasas expectativas de que los diputados rechazaran el proyecto.
Igualmente veía difícil que el Poder Ejecutivo se animara a vetarlo
debido a la tensa situación política.